Contratar y mantener un seguro

Es la obligación legal que tiene el tomador del seguro —el cliente— de manifestar al asegurador todas las circunstancias conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo antes de la firma del contrato. Esta declaración se realiza normalmente respondiendo a un cuestionario facilitado por la compañía de seguros, o por el mediador. La aseguradora fija las condiciones —precio, límites, exclusiones— a partir de esa declaración: una actividad mal declarada puede generar problemas justo cuando necesitas usar el seguro.

Es un profesional o una empresa que actúa como enlace entre los clientes y las compañías de seguros. Su función es asesorar al cliente, comercializar las pólizas que mejor se adapten a sus necesidades y asistirle en la gestión de siniestros o trámites con la aseguradora. El mediador no tiene por qué encarecer la prima: generalmente se retribuye facturando su comisión a la aseguradora, no al cliente.

Los corredores de seguros tienen mayor capacidad profesional y cualificación porque la ley —a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones— les impone las exigencias más estrictas del sector: formación técnica superior; independencia de cualquier aseguradora, con la obligación legal de realizar un análisis objetivo comparando múltiples aseguradoras del mercado, sin estar vinculados a ninguna; y garantías financieras y de responsabilidad civil específicas.

Ocurre cuando el capital asegurado es inferior al valor real de lo que se protege —por ejemplo, un local asegurado muy por debajo de su valor de reconstrucción—. Si en el momento del siniestro el capital asegurado es inferior al valor real del bien, la indemnización se reduce en la misma proporción en que ese capital lo infravalora: es la penalización habitual por infraseguro, conocida como regla proporcional. Revisar que los capitales estén actualizados evita esta situación.

Es cualquier variación por escrito de los términos y condiciones pactados inicialmente, que se incorpora a la póliza durante su vigencia: un cambio de dirección, una actualización de facturación, la incorporación de un nuevo administrador, una ampliación de capital. Permite adaptar la póliza a cambios en tu empresa sin tener que contratar un seguro nuevo.

Es la cláusula por la que la póliza se renueva automáticamente al finalizar cada período de seguro, salvo que alguna de las partes comunique lo contrario dentro del plazo previsto en la ley o en el contrato. Es la razón por la que conviene revisar las condiciones de renovación con antelación, y no solo cuando ya ha entrado en vigor la nueva anualidad.

Es un concepto especialmente relevante en pólizas de responsabilidad civil profesional o de administradores. Estos seguros suelen funcionar en base "reclamación hecha" (claims made): la fecha de retroactividad es la indicada en las condiciones particulares desde la cual se cubren los actos u omisiones que originan una reclamación, aunque la reclamación en sí se presente ya vigente la póliza, y puede ser anterior al inicio de la póliza actual. Perder esa fecha al cambiar de aseguradora puede dejar sin cobertura hechos pasados que todavía no han generado una reclamación.

Envíanos el requisito contractual o la petición del cliente. Revisaremos la póliza para comprobar si ya cumple lo solicitado y, si es necesario, podremos tramitar con la aseguradora un certificado, aclaración o modificación. Es preferible revisar el texto exacto antes de asumir que una exigencia requiere contratar una póliza nueva

Sí, cuando el cambio pueda afectar al riesgo asegurado. Incorporar nuevas actividades, aumentar sustancialmente la facturación, abrir ubicaciones, contratar más personal o cambiar el ámbito territorial puede requerir revisar o actualizar la póliza

La relación no termina con la emisión de la póliza. Durante su vigencia pueden surgir cambios en la empresa, necesidades de certificados, modificaciones de datos, nuevas actividades, aumentos de facturación o dudas sobre coberturas. Nuestro equipo puede ayudarte a gestionar estas situaciones.